Revista de cine Encadenados

Aunque al hombre corriente le resulte tan incomprensible como lamentable, condenar y ejecutar a inocentes es y ha sido justificado a lo largo de la historia por aquellas élites políticas que suelen fundamentar sus decisiones en la  trillada y magnificada “razón de estado”.

Un tema que cobra actualidad en estos tiempos críticos de incierto futuro, acrecentado por los vaticinios apocalípticos de pensadores negociantes y políticos desorientados, todos ellos convenientemente alojados en sus cómodas y lejanas burbujas del poder que deforman y distorsionan la percepción de la realidad.

Ese pragmatismo político, privado de cualquier consideración moral se hace evidente en The conspirator, el último filme dirigido y producido por Robert Redford. La película lleva el sello personal de este director, empeñado en mostrar una visión comprometida con los problemas colectivos, e independiente de la maquinaria hollywoodiense.

Si en Leones por corderos Robert Redford analizó y denunció los intentos de manipulación de la prensa por parte del poder político y militar, en esta ocasión aprovecha un acontecimiento de la historia de los Estados Unidos —el asesinato de Abraham Lincoln y el posterior juicio de los responsables del mismo— para evidenciar las contradicciones entre las conveniencias políticas y la justicia. El filme forma parte del proyecto de la recién creada The American Film Company, empresa productora de películas que tratan temas de la historia americana.

Los hechos se sitúan en la primavera de 1865, tiempo en que la rendición del general confederado Robert E. Lee consolida el triunfo de los unionistas, presididos por Lincoln, y el afianzamiento de la nueva nación americana. La inestable paz de la postguerra civil se ven amenazadas por los levantamientos y ataques de los  rebeldes vencidos que, empeñados en su lucha por cambiar el curso de la historia, conspiraron hasta su propia desaparición.

El 15 de abril, el conocido actor John W. Booth asesinó al presidente de un tiro en la nuca mientras asistía a la representación de una comedia en el teatro Ford de Washington. Entre la célula clandestina se encontraba el joven John Surrat, hijo de Mary Surrat, viuda que regentaba una casa de huéspedes donde solían reunirse los conspiradores. Tras el magnicidio, los rebeldes son detenidos y juzgados en un proceso que se inicia el 9 de mayo y finaliza el 30 de junio, fecha en que se lee el veredicto condenatorio. El 7 de julio de 1865 todos los juzgados son ahorcados para mayor gloria de la nación.

La película se centra en el juicio y en la situación de la única mujer procesada, Mary Surrat (Robin Wrigth), a la que se le imputan los delitos de traición, conspiración y asesinato. De su defensa se encarga el bufete del senador unionista Reverdy Jonhson (Tom Wilkinson), que delega tan delicada misión en su colaborador, el joven abogado y exmilitar Frederick Akien (James McAvoy).

La negativa inicial de éste para hacerse cargo del caso hace patente la violencia y tensión de todos los estamentos sociales, políticos y jurídicos ante los supuestos criminales, así como el deseo colectivo de castigo, venganza y ajuste de cuentas. El pueblo quiere sangre y el tribunal militar —apoyado por el omnipotente Secretario de Defensa, Edwin Stanton (Kevin Kline)— un escarmiento ejemplarizante que asegure la paz y consolide los cimientos de la nación.

En estas circunstancias, la labor del abogado Alkien evoca la desigual lucha de David contra Goliat, aunque el final que cierra en esta historia no será tan favorable como en el universo ficcional de los mitos. Pues en el relato del proceso, Robert Redford, en consonancia con el guión de James Solomon, desarrolla y afianza la temática que le interesa: la colisión  entre la “razón de estado” y la necesidad de hacer justicia, entre el poder y el espíritu de las leyes.

Claro que el dilema moral sólo se le plantea al joven Akien que, como profesional jurídico, pone de manifiesto la contradicción entre lo que  dicta la ley respecto al derecho a un juicio justo basado en pruebas consistentes, y la conveniencia de manipular la legalidad con fines espurios e inconfesables.

Desde el punto de vista formal, la película sigue un modelo narrativo clásico con algunos flashbacks pertinentes en el desarrollo del argumento. El ritmo es pausado pero no lento, como si intentara combinar la objetividad del documental y la emoción del drama. El resultado es una historia poco definida, quizá porque su director no ha querido decantarse ni correr riesgos. No es blanda ni lo suficientemente dura; no es un drama sensitivo ni un agresivo reportaje.

Bien la puesta en escena y el trabajo de la fotografía a cargo de Newton Thomas Sigel. Los ocres y sepias de las imágenes remiten a las películas antiguas, así como la luz tamizada esconde los perfiles y suaviza las formas. Quizá la finalidad es sumergir al espectador en una atmósfera difusa que evoque la ambigüedad del mensaje contenido en el título sobre los auténticos confabulados, sobre la verdadera conspiración.

Se trata de un filme que se mueve entre el género histórico y judicial. Una película “de juicios” que no acaba bien como las clásicas que tanto abundan y entretienen. Akien no es Atticus Finch (Gregory Peck en Matar a un ruiseñor) ni Dam Haywood (Spencer Tracy en Los juicios de Nuremberg) pero coraje, honestidad y fuerza no le faltan. El final no es feliz por respeto a la historia y al mensaje de su director: los intereses políticos y económicos siempre se imponen a la honradez de los ciudadanos y a la de los idealistas que creen en  aquella y en la democracia.

No es difícil hallar correspondencias entre lo que sucede en este relato y las circunstancias de la guerra de Irak y las posteriores iniquidades de Guantánamo. Pero tampoco lo es encontrarlas en otros tiempos y en otros estados. Pues aunque la película se ciña a la historia americana, su significado es universal. Lo deja muy claro el senador Stanton cuando Akien le acusa de violar los derechos constitucionales de Mary Surrat con el argumento de preservar la paz y la constitución. La paradójica hipocresía del poder  político-militar se deduce de sus propias palabras: “Para garantizar la supervivencia de la nación haría lo que fuera.  Yo también considero sagrados nuestros derechos, pero no tendrían ningún valor si nuestra nación dejara de existir”.

Y se lava las manos.

Escribe Gloria Benito